02/05/2016
03041 2012-PHD/TC
Se solicita al Ministerio de salud los datos personales (nombre completo, edad, sexo y nacionalidad) de la persona que aparece en una imagen de advertencia sanitaria de las cajas de cigarrillos. El Tribunal Constitucional -al igual que las instancias precedentes- rechaza la demanda al advertir que la divulgación de lo solicitado vulneraría la intimidad personal del titular de la información. Señalando además que, si lo que el demandante desea es comprobar si el consumo de tabaco provoca, efectivamente, infarto cerebral, tal corroboración la puede realizar por medios menos lesivos a los derechos de terceros.

21/10/2013
03035-2012-PHD/TC
Se solicita a el Ministerio de educación copia certificada de la hoja de vida e informe escalafonario del Director de la UGEL 05. En primera instancia se declara fundada la demanda pero la Sala revisora revoca la decisión y la declara infundada al considerar que los documentos solicitados pertenecen a la esfera de la privacidad del funcionario. El Tribunal Constitucional observa que dicha decisión fue arbitraria al no haber sido suficientemente motivada y declara fundada la demanda al considerar que la supervisión ciudadana sobre la forma como el Estado brinda el servicio público de educación escolar amerita la publicidad de lo solicitado. Asimismo, establece que si se solicita la información en copia certificada la entrega no se satisface con copias simples, correspondiendo a la entidad demandada certificar lo peticionado y al actor asumir los gastos que ello ocasione.

12/06/2013
03029-2012-PHD/TC
La Asociación de Vivienda Pachacutec solicita a la Empresa Eléctrica Hidrandina S.A. la lista de personas que han solicitado la instalación de medidores eléctricos en los terrenos de titularidad de los posesionarios pertenecientes a la asociación. El Tribunal Constitucional, al igual que las instancias anteriores, rechaza la demanda al considerar que las personas jurídicas privadas que brinden servicios públicos solamente están obligadas a suministrar información sobre a) características de los servicios públicos que prestan; b) sus tarifas; y, c) funciones administrativas que ejercen.

02/08/2013
02838-2012-PHD/TC
El demandante interpone hábeas data contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis L.T.D.A. a fin de que se le entreguen copias certificadas de su contrato de préstamo y el Pagaré Nº 107558. En primera y segunda instancia se rechaza liminarmente la demanda al considerar que la información ya ha sido proporcionada en copias simples. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordena admitir a trámite la demanda pues considera que si se solicita la información en copia certificada la entrega no se satisface con copias simples, correspondiendo a la entidad demandada certificar lo peticionado y al actor asumir los gastos que ello ocasione.

01/07/2013
02810-2012-PHD/TC
El demandante solicita a la Oficina de Normalización Previsional copia de su expediente administrativo, con expresa condena de pago de costos procesales. En primera instancia se declara fundada la demanda con condena de costos. Sin embargo, en segunda instancia se exonera el pago de costos y costas en aplicación del artículo 413° del Código Procesal Civil. El Tribunal Constitucional, revocando dicho extremo de la decisión, ordena el pago de costos procesales pues el artículo 56° del Código Procesal Constitucional establece la obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales ante el supuesto de declararse fundada la demanda, aclarando que la aplicación supletoria del Código Procesal Civil solo es posible cuando existe un vacío o defecto legal.

30/10/2017
Dania Coz vs. Ministerio del Interior (Protocolo de la Ley Stalker)
Se solicita al Ministerio del Interior copia del Protocolo de Acceso a los datos de Localización o Geolocalización de Teléfonos Móviles o Dispositivos Electrónicos de Similar Naturaleza, información estadística y las auditorías operativas realizadas sobre su aplicación y los informes sustentatorios para la aprobación del DL 1182. El MININTER denegó el pedido...

09/10/2017
Jose Arrieta Caro vs. Municipalidad Metropolitana de Lima (bloqueados en redes sociales)
Se solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima la lista de usuarios bloqueados de su página de Facebook. La Municipalidad deniega el pedido aduciendo que se trata de información confidencial. El Primer Juzgado Constitucional, al considerar que divulgar el nombre con el que se han inscrito los usuarios en la red social no pone en peligro su derecho a la...

02/07/2004
Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica
El caso se relaciona con la sanción penal impuesta por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José de Costa Rica al periodista Mauricio Herrera Ulloa por el delito de difamación, en relación a sus publicaciones en un periódico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado de Costa Rica, al considerar que las...

25/02/2005
178,846
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México aclara que la legislación méxicana sobre procedimiento de acceso a datos personales públicos, le brinda la oportunidad al tercero cuyos datos se solicita de esgrimir argumentos, ofrecer pruebas y de hacer el uso de la palabra en audiencia pública, para manifestar lo que a su derecho convenga....

18/10/2005
176,673
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México concluye que es constitucional la disposición legal que establece que los partidos políticos tienen la obligación de incorporar en sus estatutos procedimientos de afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, quienes tendrán el derecho de participar en asambleas y convenciones, de integrar...

18/10/2005
176,674
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México establece que los partidos políticos son entidades de interés público y, por lo tanto, deben reflejar con claridad lo relativo a la obtención, manejo y destino de los recursos públicos y privados que reciben para el desarrollo de sus actividades.

19/09/2006
Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile
Este caso llega a la Corte Interamericana por la negativa del Estado de brindar al señor Marcel Claude Reyes toda la información que solicitó del Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Condor, el cual era un proyecto de deforestación que él consideraba podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir...