24/10/2013
04003-2012-PHD/TC
Un miembros de la Asamblea Universitaria solicita a la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) información relacionada a préstamos, compras y adquisiciones realizadas por la Universidad. En primera y segunda instancia se rechazó la demanda de hábeas data al considerar que el demandante no había probado ser miembro de la Asamblea Universitaria de la UPLA, careciendo de representación procesal. El Tribunal Constitucional aclara que no es necesario acreditar representación en los procesos de hábeas data, ya que su titularidad corresponde a cualquier ciudadano. Sin embargo, declara improcedente la demanda pues, según el artículo 9° del T.U.O. de la Ley de Transparencia, las empresas privadas que brindan servicios públicos solo están obligadas a informar respecto a: a) las características de los servicios públicos que prestan; b) sus tarifas; y, c) funciones administrativas que ejercen (bajo concesión, delegación o autorización del Estado)

21/06/2016
03994-2012-PHD/TC
Se solicita a la empresa estatal Electro Puno S.A.A. copia de diversos documentos. El Tribunal Constitucional, dejándo de lado el criterio que solo puede solicitarse a empresas estatales información relacionada a: a) características de los servicios públicos que realiza; b) tarifas; c) funciones administrativas que ejerce, establece que la presencia de accionariado estatal y el control por parte del Estado de la empresa permite acreditar el interés público sobre la información que maneja. Por lo tanto, es posible darles el mismo tratamiento que a las entidades públicas y aplicar el principio de publicidad sobre toda la información que posean; salvo lo señalado en la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1031, la cual señala expresamente que la información confidencial de las empresas del Estado comprende también el secreto comercial así como toda aquella información cuya divulgación puede ocasionar un perjuicio a la empresa.

13/11/2014
03859-2012-PHD/TC
Se solicita a la empresa SCI Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A. a) información documental sobre la transferencia de deuda por el Banco Wise Sudameris, b) se justifique la información de riesgo reportada ante la SBS y, c) se suprima dicha información. Respecto a la información documental sobre la transferencia de deuda, la empresa demanda manifestó haber informado verbalmente a la accionante sobre la situación de su deuda, sin embargo el Tribunal Constitucional considera que la entrega de lo solicitado no se satisface de forma verbal, debiendo cumplir con entregar copias fedateadas de la información. Por otro lado, respecto a las pretensiones b) y c), el Tribunal Constitucional declara improcedente dichos extremos de la demanda pues no se ha comprobado que la información de riesgo enviada a la SBS sea errónea.

24/04/2013
03774-2012-PHD/TC
El demandante solicita a la Oficina de Normalización Previsional copia de su expediente administrativo, con expresa condena de pago de costos procesales. En primera y segunda instancia se declara fundada la demanda, sin embargo se exonera el pago de costos y costas en aplicación del artículo 413° del Código Procesal Civil. El Tribunal Constitucional, revocando dicho extremo de la decisión, ordena el pago de costos procesales pues el artículo 56° del Código Procesal Constitucional establece la obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales ante el supuesto de declararse fundada la demanda, aclarando que la aplicación supletoria del Código Procesal Civil solo es posible cuando existe un vacío o defecto legal.

24/04/2013
04242-2012-PHD/TC
El demandante interpone proceso de hábeas data contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo solicitando información concerniente a su solicitud de calificación por la Comisión Ejecutiva creada por el artículo 6° de la Ley N.° 27803. En primera y segunda instancia se rechaza la demanda al considerar que el Ministerio dió respuesta sobre el estado de su solicitud de evaluación. Finamlente, el Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda al no haberse acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62° del Código Procesal Constitucional, pues en sede administrativa se solicitó la inscripción en el registro de extrabajadores cesantes, en un recurso de apelación se solicitó información sobre la revisión de su cese y en sede judicial se solicitó copia del acta de evaluación e individualización de su expediente, no existiendo relación entre lo solicitado en sede administrativa y lo peticionado en sede judicial.

30/10/2017
Dania Coz vs. Ministerio del Interior (Protocolo de la Ley Stalker)
Se solicita al Ministerio del Interior copia del Protocolo de Acceso a los datos de Localización o Geolocalización de Teléfonos Móviles o Dispositivos Electrónicos de Similar Naturaleza, información estadística y las auditorías operativas realizadas sobre su aplicación y los informes sustentatorios para la aprobación del DL 1182. El MININTER denegó el pedido...

09/10/2017
Jose Arrieta Caro vs. Municipalidad Metropolitana de Lima (bloqueados en redes sociales)
Se solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima la lista de usuarios bloqueados de su página de Facebook. La Municipalidad deniega el pedido aduciendo que se trata de información confidencial. El Primer Juzgado Constitucional, al considerar que divulgar el nombre con el que se han inscrito los usuarios en la red social no pone en peligro su derecho a la...

02/07/2004
Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica
El caso se relaciona con la sanción penal impuesta por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José de Costa Rica al periodista Mauricio Herrera Ulloa por el delito de difamación, en relación a sus publicaciones en un periódico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado de Costa Rica, al considerar que las...

25/02/2005
178,846
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México aclara que la legislación méxicana sobre procedimiento de acceso a datos personales públicos, le brinda la oportunidad al tercero cuyos datos se solicita de esgrimir argumentos, ofrecer pruebas y de hacer el uso de la palabra en audiencia pública, para manifestar lo que a su derecho convenga....

18/10/2005
176,673
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México concluye que es constitucional la disposición legal que establece que los partidos políticos tienen la obligación de incorporar en sus estatutos procedimientos de afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, quienes tendrán el derecho de participar en asambleas y convenciones, de integrar...

18/10/2005
176,674
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México establece que los partidos políticos son entidades de interés público y, por lo tanto, deben reflejar con claridad lo relativo a la obtención, manejo y destino de los recursos públicos y privados que reciben para el desarrollo de sus actividades.

19/09/2006
Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile
Este caso llega a la Corte Interamericana por la negativa del Estado de brindar al señor Marcel Claude Reyes toda la información que solicitó del Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Condor, el cual era un proyecto de deforestación que él consideraba podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir...