01/08/2013
00181-2013-PHD/TC
El demandante solicita a la Oficina de Normalización Previsional copia de su expediente administrativo, con expresa condena de pago de costos procesales. En primera y segunda instancia se declara fundada la demanda con exoneración del pago de costos y costas en aplicación del artículo 413° del Código Procesal Civil. El Tribunal Constitucional, revocando dicho extremo de la decisión, ordena el pago de costos procesales pues el artículo 56° del Código Procesal Constitucional establece la obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales ante el supuesto de declararse fundada la demanda, aclarando que la aplicación supletoria del Código Procesal Civil solo es posible cuando existe un vacío o defecto legal.

13/06/2016
00092 2013-PHD/TC
El demandante interpone hábeas data contra la Jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) perteneciente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fin de que se le remita vía courier copia fedateada de diversos documentos. En primera y segunda instancia se rechaza la demanda al constatar que la información solicitada se encuentra a disposición del demandante, previo pago del costo de reproducción. El Tribunal Constitucional, previa subsanación de oficio de un vicio procesal, observa que si bien el demandante debe cancelar los costos de reproducción e incluso ir a las oficinas de la dependencia estatal de la cual solicita la información a fin de indagar sobre el costo de su pedido, resulta irrazonable que se le exija acudir a las oficinas de la ONPE en Lima cuando cuentan con oficinas en la ciudad de Chiclayo.

05/09/2013
04861-2012-PHD/TC
Se solicita a la Fiscal de la Nación copia simple de las investigaciones fiscales relacionadas con lo mencionado en el artículo "El faenón del biocombustible", publicado en el Diario "La República". El Ministerio Público, aunque después de interpuesta la demanda, informa que mediante Oficio se ha dado respuesta al pedido de información, comunicándole a la demandante que no existe investigación alguna relacionada al artículo periodístico que alude. El Tribunal Constitucional, al verificar que la demandante no ha cumplido con indicar algún dato adicional que permita identificar la existencia de la información, declara la improcedencia de la demanda pues no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública exigir información inexistente.

11/11/2013
04764-2012-PHD/TC
Se inicia proceso de hábeas data contra la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 6 - Ate, el mismo que es declarado fundado en segunda instancia por el Poder Judicial. Sin embargo, ante el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia, el juez de ejecución emite una Resolución que es apelada por el procurador público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación y se eleva equivocadamente al Tribunal Constitucional como se se tratara de un recurso de apelación por salto. El TC aclara que el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia solo es procedente cuando se trate de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional; por lo que, al tratarse de una sentencia del Poder Judicial, el TC declara nula lo actuado y ordena se remitan los actuados a la Sala correspondiente para que emita pronunciamiento conforme a ley.

02/06/2014
04759-2012-PHD/TC
Se solicitó a la Agencia Municipal del Caserío San Luis copia de diversos documentos que suponía sacar fotocopias de aproximadamente 4,000 folios. La Agencia Municipal emplazada comunicó al accionante que debía cancelar el costo de reproducción de lo solicitado, el cual ascendía a la suma de S/. 40.00 (cuarenta y 00/100 nuevos soles). El Tribunal Constitucional, al igual que las instancias precedentes, declara infundada la demanda al constatar que la información se encuentra a disposición del demandante, previo pago del costo de reproducción. Asimismo, el TC resalta que la suma cobrada no resulta desproporcionada ni irracional, pues se le ha brindado la facilidad de cancelar aproximadamente S/. 0.01 por folio, y el cuestionar dicha suma por estar por debajo del precio del mercado solo denota la falta de seriedad del demandante.

30/10/2017
Dania Coz vs. Ministerio del Interior (Protocolo de la Ley Stalker)
Se solicita al Ministerio del Interior copia del Protocolo de Acceso a los datos de Localización o Geolocalización de Teléfonos Móviles o Dispositivos Electrónicos de Similar Naturaleza, información estadística y las auditorías operativas realizadas sobre su aplicación y los informes sustentatorios para la aprobación del DL 1182. El MININTER denegó el pedido...

09/10/2017
Jose Arrieta Caro vs. Municipalidad Metropolitana de Lima (bloqueados en redes sociales)
Se solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima la lista de usuarios bloqueados de su página de Facebook. La Municipalidad deniega el pedido aduciendo que se trata de información confidencial. El Primer Juzgado Constitucional, al considerar que divulgar el nombre con el que se han inscrito los usuarios en la red social no pone en peligro su derecho a la...

02/07/2004
Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica
El caso se relaciona con la sanción penal impuesta por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José de Costa Rica al periodista Mauricio Herrera Ulloa por el delito de difamación, en relación a sus publicaciones en un periódico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado de Costa Rica, al considerar que las...

25/02/2005
178,846
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México aclara que la legislación méxicana sobre procedimiento de acceso a datos personales públicos, le brinda la oportunidad al tercero cuyos datos se solicita de esgrimir argumentos, ofrecer pruebas y de hacer el uso de la palabra en audiencia pública, para manifestar lo que a su derecho convenga....

18/10/2005
176,673
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México concluye que es constitucional la disposición legal que establece que los partidos políticos tienen la obligación de incorporar en sus estatutos procedimientos de afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, quienes tendrán el derecho de participar en asambleas y convenciones, de integrar...

18/10/2005
176,674
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México establece que los partidos políticos son entidades de interés público y, por lo tanto, deben reflejar con claridad lo relativo a la obtención, manejo y destino de los recursos públicos y privados que reciben para el desarrollo de sus actividades.

19/09/2006
Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile
Este caso llega a la Corte Interamericana por la negativa del Estado de brindar al señor Marcel Claude Reyes toda la información que solicitó del Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Condor, el cual era un proyecto de deforestación que él consideraba podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir...