19/12/2011
03782-2011-PHD/TC
Se solicita copias de expedientes en poder de la Oficina de Formalización de la Propiedad informal (COFOPRI). En primera y segunda, y en instancia del Tribunal se declara improcedente la demanda al haberse excedido el plazo de sesenta días hábiles para su presentación. Sin embargo, el Tribunal advierte que si el apelante se mantiene interesado en buscar tutela jurisdiccional por considerar vulnerado su derecho al acceso a la información pública o su derecho a la autodeterminación informativa, puede volver a solicitar la información y renovar el plazo de presentación de la demanda de hábeas data adecuándola a los artículos 44 y 62 del Código Procesal Constitucional.

18/01/2013
03746-2011-PHD/TC
El demandante solicita a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) información sobre los aportes que realizó como trabajador de la Caja Nacional del Seguro Social. En primera y segunda instancia se rechaza la demanda al estimar que la ONP no se ha negado a entregar la información, sino que por el contrario no cuenta con la misma. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda al considerar que no se puede excusar a la entidad demandada de la falta de diligencia en la conservación de la información, máxime cuando de acuerdo a su propia naturaleza y a las funciones que cumple tiene el imperativo deber de conservarla. Asimismo, aclara que en el caso de autos se ha vulnerado el derecho a la autodeterminación informativa y no el derecho de acceso a la información pública, como erroneamente ha alegado el demandante.

04/11/2011
03733-2011-PHD/TC
El demandante solicita a la empresa PETREX S.A copia certificada de la Liquidación de Beneficios Sociales que le corresponde como ex–trabajador de dicha empresa privada. En primera instancia se declaró improcedente in límine la demanda por considerar que la demandada es una empresa privada y como tal no cuenta con fedatario, por lo que no puede entregar copia certificada. En segunda instancia se confirmó la apelada por estimar que la empresa demandada es una persona jurídica de derecho privado y no presta servicios públicos ni ejerce función administrativa. El Tribunal declara improcedente la demanda ya que el actor enmarca su pretensión en el derecho de acceso a la información pública, cuando lo cierto es que la emplazada es una empresa privada que no presta servicios públicos ni ejerce función administrativa por delegación, concesión o autorización del Estado.

07/06/2012
03598-2011-PHD/TC
Radio Unión y TV S.A. solicita, a través de su Gerente General, a la Comandancia General del Ejército del Perú si la referida radio televisora formaba parte o no de la estructura del Ejército, si tenía o no asignada alguna partida presupuestaria o si se efectuaron o no transferencias de fondos económicos a favor de ella. Luego de interpuesta la demanda el Director de Informaciones del Ejército emite un Oficio respondiendo que actualmente la Cuarta Fiscalía Penal está investigando a personal militar por el delito de peculado en relación a la expropiación de Radio Unión y TV S.A., dado que en el año 1996 la junta de accionistas fue entregada a personal militar del Ejército en actividad y a la fecha se desconoce las utilidades generadas por esta empresa. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda al evaluar que la respuesta emitida resulta aparente pues no cumplió con responder la solicitud de la empresa demandante.

11/11/2011
03574-2011-PHD/TC
El demandante solicita a la ONP se ordene a la emplazada la entrega de información referente a la relación de empleadores y récord de aportes de su difunto esposo, más el pago de costos. En primera instancia se declaró infundada la demanda por estimar que la emplazada ha informado oportunamente a la recurrente de la inexistencia de datos sobre la información que ha solicitado y no se puede ordenar judicialmente a la emplazada a elaborar o expedir datos que no posee. En segunda instancia se confirmó la apelada por estimar que la emplazada ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado por la demandante. El Tribunal Constitucional confirma la decisión por no haberse acreditado que la emplazada contaba con mayor información a la brindada en su oportunidad, pues no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública obligar a la Administración a generar o crear información con la que no cuenta.

30/10/2017
Dania Coz vs. Ministerio del Interior (Protocolo de la Ley Stalker)
Se solicita al Ministerio del Interior copia del Protocolo de Acceso a los datos de Localización o Geolocalización de Teléfonos Móviles o Dispositivos Electrónicos de Similar Naturaleza, información estadística y las auditorías operativas realizadas sobre su aplicación y los informes sustentatorios para la aprobación del DL 1182. El MININTER denegó el pedido...

09/10/2017
Jose Arrieta Caro vs. Municipalidad Metropolitana de Lima (bloqueados en redes sociales)
Se solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima la lista de usuarios bloqueados de su página de Facebook. La Municipalidad deniega el pedido aduciendo que se trata de información confidencial. El Primer Juzgado Constitucional, al considerar que divulgar el nombre con el que se han inscrito los usuarios en la red social no pone en peligro su derecho a la...

02/07/2004
Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica
El caso se relaciona con la sanción penal impuesta por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José de Costa Rica al periodista Mauricio Herrera Ulloa por el delito de difamación, en relación a sus publicaciones en un periódico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado de Costa Rica, al considerar que las...

25/02/2005
178,846
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México aclara que la legislación méxicana sobre procedimiento de acceso a datos personales públicos, le brinda la oportunidad al tercero cuyos datos se solicita de esgrimir argumentos, ofrecer pruebas y de hacer el uso de la palabra en audiencia pública, para manifestar lo que a su derecho convenga....

18/10/2005
176,673
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México concluye que es constitucional la disposición legal que establece que los partidos políticos tienen la obligación de incorporar en sus estatutos procedimientos de afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, quienes tendrán el derecho de participar en asambleas y convenciones, de integrar...

18/10/2005
176,674
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México establece que los partidos políticos son entidades de interés público y, por lo tanto, deben reflejar con claridad lo relativo a la obtención, manejo y destino de los recursos públicos y privados que reciben para el desarrollo de sus actividades.

19/09/2006
Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile
Este caso llega a la Corte Interamericana por la negativa del Estado de brindar al señor Marcel Claude Reyes toda la información que solicitó del Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Condor, el cual era un proyecto de deforestación que él consideraba podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir...