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Base de datos actualizada al 12/06/2018(798 Sentencias)

Jose Arrieta Caro vs. Municipalidad Metropolitana de Lima (bloqueados en redes sociales)




PODER JUDICIAL : Corte de Lima : Primer Juzgado Constitucional



Resumen

Se solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima la lista de usuarios bloqueados de su página de Facebook. La Municipalidad deniega el pedido aduciendo que se trata de información confidencial. El Primer Juzgado Constitucional, al considerar que divulgar el nombre con el que se han inscrito los usuarios en la red social no pone en peligro su derecho a la intimidad personal, declara fundada la demanda.

Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Lima
  • Instancia: 
  • Primer Juzgado Constitucional
  • Demandado: 
  • Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)

  • Sentido de la sentencia: 
  • Fundado o Fundado en Parte
  • Magistrados: 
  • David Suarez Burgos
  • Fuente Oficial: 
  • Sentencias Relacionadas del Tribunal Constitucional del Perú: 
  • Normas aplicadas: 
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Expediente

PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 14190-2015-0-1801-JR-CI-01
MATERIA : PROCESO DE HABEAS DATA
ESPECIALISTA : DEYSY MONTESINOS BACA
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y
BLANCA ISABEL SANCHEZ VILLAMIL
DEMANDANTE : JOSE WILFREDO ARRIETA CARO

SENTENCIA


RESOLUCIÓN Nº OCHO

Lima, 09 de octubre de 2017.-

VISTOS:


El proceso seguido por JOSE WILFREDO ARRIETA CARO contra la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y BLANCA ISABEL SANCHEZ VILLAMIL; sobre PROCESO DE HABEAS DATA.

RESULTA DE AUTOS:


De la demanda: Mediante escrito de fojas 17 a 28, JOSE WILFREDO ARRIETA CARO, interpone DEMANDA DE PROCESO DE HABEAS DATA contra la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y BLANCA ISABEL SANCHEZ VILLAMIL, con la finalidad que la demandada cumpla con: 

a) Otorgarle la lista completa de usuarios bloqueados en la página de Facebook de la Municipalidad de Lima y nombre completo del administrador o de los administradores de a pagina de Facebook de la
Municipalidad de Lima.

El actor alega entre otros hechos que se tienen en consideración los siguientes:

1) Que, el 23 de julio de 2015, solicitó a la emplazada que expida la lista completa de usuarios bloqueados en la página de Facebook de la Municipalidad de Lima y nombre completo del administrador o de los
administradores de a pagina de Facebook de la Municipalidad de Lima;

2) Que, el día 17 de agosto de 2015, la Sra. Blanca Sanchez Villamil contestó la solicitud remitiendo el Informe N° 04-2015-MML-GCSRPSPC, emitido por el Subgerente de Prensa y Comunicaciones de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, en el cual se indica donde se puede encontrar los criterios empleados para determinar cuándo bloquear a un usuario visitante de la página de Facebook de la Municipalidad de Lima, sin embargo con respecto a la otra información se indica que es información confidencial;

3) Que, la información referida a los usuarios bloqueados en la página web de una institución publica no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad de éstos, siendo que solo la información más sensible relacionada con la vida privada de los sujetos puede ser considerada como parte de este asimismo conocer el nombre de los usuarios que han sido bloqueados de su página del Facebook por la MUNILIMA permitirá ejercer un mejor control sobre las políticas de bloqueo en redes sociales de una entidad del Estado;

4) Que, la información solicitada se encuentra en posesión de la demandada por lo tanto es pública, siendo de suma importancia a fin de evaluar si la demandada respeta el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos críticos de la actual gestión.

Invoca como fundamentos jurídicos, los artículos 2º incisos 5 y 6 y 200° inciso 3 de la Constitución; y 61° del Código Procesal Constitucional.

Contestación de la demandada: Por resolución número uno de fojas 29 a 31, declaró improcedente la demanda, por lo que el demandante interpuso recurso de apelación, el mismo que fue concedido con efecto suspensivo y se elevaron los autos al superior jerárquico.

La Segunda Sala Civil de Lima, dispone declarar nulo el auto de improcedencia, y ordena renovar el acto procesal viciado, es así que, mediante resolución tres, se admitió a trámite la demanda y se dispuso correr traslado a la entidad emplazada por el plazo de cinco días; la demandada por escrito de fojas 118 a 121, la demandada contesta, argumentando lo siguiente:

1) Que, la información solicitada por el actor fue tramitada conforme al procedimiento de la Ley N° 27806, remitiendose a la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Publicas, dándose atención al pedido del actor y sustentando su respuesta asimismo si el demandante no estaba de acuerdo pudo presentar su recurso de apelación respectivo..

Quedando los autos para ser sentenciados, por lo que este Despacho pasa a expedirla, conforme a los siguientes términos:

CONSIDERANDO:


PRIMERO: Del proceso de habeas data: Que, de conformidad con el artículo 200º, inciso 3º de la Constitución Política del Estado, La Acción de Hábeas Data procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad o persona que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2º inciso 5 y 6 de la Constitución; Asimismo, del artículo 1º del Código Procesal Constitucional se colige que el objeto de las acciones de garantía tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.

SEGUNDO: EL Petitorio: De la lectura integral de la demanda se advierte que la recurrente JOSE WILFREDO ARRIETA CARO, acude por la vía del Proceso de Habeas Data, para que:

a) Otorgarle la lista completa de usuarios bloqueados en la página de Facebook de la Municipalidad de Lima y nombre completo del administrador o de los administradores de la pagina de Facebook de la Municipalidad de Lima.

TERCERO: Que, como se ha indicado en el primer considerando, el hábeas data protege el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa, por lo que es conveniente hacerse las siguientes precisiones:

1. El derecho de acceso a la información pública: Está previsto en el artículo 2 inciso 5) de la Constitución, conforme al cual toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, excluyéndose las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El Tribunal Constitucional en la sentencia del 29 de Enero del 2003 dictada en el expediente Nº 1797-2002-HD/TC (fundamentos 10 y 11), ha señalado que el referido derecho tiene una doble dimensión: “Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas (…) se presenta como un presupuesto o medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de expresión, por mencionar alguna (…) En segundo lugar el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad auténticamente democrática”.

2. El derecho a la autodeterminación informativa: Está previsto en el artículo 2 inciso 6) de la Constitución, conforme al cual toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Tiene por objeto garantizar la facultad de las personas para conocer y acceder a las informaciones que les conciernen archivadas en bancos de datos; controlar su calidad, lo que implica la posibilidad de corregir o cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados, y disponer sobre su transmisión[1]. El Tribunal Constitucional en la sentencia del 29 de Enero del 2003 dictada en el expediente Nº 1797-2002-HD/TC (fundamento 04), ha señalado que: “la protección del derecho a la autodeterminación informativa a través del hábeas data comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente la posibilidad de acceder a los registros de información, computarizados o no, cualquiera que sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de una persona. Tal acceso puede tener por objeto que se permita conocer qué es lo que se encuentra registrado, para qué y para quién se realizó el registro de información así como la (o las) persona(s) que recabaron dicha información. En segundo lugar, el hábeas data puede tener la finalidad de agregar datos al registro que se tenga, ya sea por la necesidad de que se actualicen los que se encuentran registrados, o bien con el fin de que se incluyan aquellos no registrados, pero que son necesarios para que se tenga una cabal referencia sobre la imagen e identidad de la persona afectada. Asimismo, con el derecho en referencia, y en defecto de él, mediante el hábeas data, un individuo puede rectificar la información, personal o familiar, que se haya registrado; impedir que esta se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron su registro o, incluso, tiene la potestad de cancelar aquellos que razonablemente no debieran encontrarse almacenados”.

En el presente caso, como se tiene de lo glosado en el segundo considerando y la revisión de autos, se aprecia que el actor está solicitando que se le proporcione la información allí indicada, alegando que la misma es de carácter público, por su parte la demandada señala que se ha seguido el procedimiento respectivo de entrega de información, siendo que parte de la información es confidencial por afectar la intimidad; siendo ello así, la demanda interpuesta se refiere a la supuesta afectación al derecho de acceso a la información pública.

CUARTO: De la información confidencial: El Tribunal Constitucional ha precisado en la Sentencia recaída en el expediente N° 00937--2013-PHD/TC que: 

"Cabe mencionar adicionalmente que "de acuerdo con el principio de máxima divulgación, la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción (STC N.° 2579-2003-PHD/TC), de ahí que las excepciones al derecho de acceso a la información pública deben ser interpretadas de manera restrictiva y encontrarse debidamente fundamentadas" (STC N.° 3035-2012-PHD/TC). 

Al respecto vale recordar que la identificación de información restringida se vincula al contenido de la información que se clasifica como reservada, secreta o confidencial, lo que en el análisis jurisdiccional requiere necesariamente del conocimiento integral de aquel documento o información considerado clasificado a efectos de determinar si la cualidad asignada por la Administración para denegar su acceso resulta constitucionalmente legítima."

Asimismo la Ley N° 27927 - Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 15- B señala lo siguiente: 

"Articulo 15-B.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Confidencial El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente: 5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado."

Evidenciándose de todo ello que, la demandada señala que la solitud vulnera el derecho a la intimidad personal de los involucrados, por lo que se ha tomado en cuenta dicha excepción a la regla, y lo que la norma señala textualmente.

QUINTO: Respecto a la respuesta de la entidad: Que, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia N° 00937-2013-PHD/TC, lo siguiente:

"8. Con relación al primer aspecto controvertido, corresponde precisar que sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública este Colegiado ha establecido que "no solo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y la obligación de dispensarla por parte de los organismos públicos, sino que la misma debe ser completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz" (STC 1797-2002-PHD/TC, 959-2001-PHD/TC, 3574-2011-PHDrf C, entre otras)."

SEXTO: Análisis del caso: Que, mediante carta recepcionada por la demandada, con fecha 23 de julio de 2015, que corre a fojas 01; se solicitó a este última, a) la lista completa de usuarios bloqueados en la página de Facebook de la Municipalidad de Lima, b) nombre completo del administrador o de los administradores de a pagina de Facebook de la Municipalidad de Lima, entre otra solicitud que no es parte del petitorio de la presente demanda.

Ante lo cual, la demandada remitió la Carta N° 1094-2015-MML/SGC-FREI, de fecha 06 de agosto de 2015 (fojas 02) donde se adjunta el Informe N° 04-2015-MML-GCSRP-SPC, de fecha 04 de agosto de 2015 (fojas 04), dándose respuesta, señalándose lo siguiente:

"[…] La lista de los usuarios bloqueados es información confidencial que al ser proporcionada a terceros se posibilita el vulnerar la integridad personal y comunicacional de los mismos, conforme a lo estipulado en el articulo 17° inciso (5) del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

[…] El responsable de la administración de redes sociales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es la Subgerencia de Prensa y Comunicaciones de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas. […]"

SÉPTIMO: Bajo tal contexto, se aprecia que si bien al demandante se le ha otorgado una respuesta a su pedido, sin embargo la demandada señala respecto al primero que, es información confidencial. Al respecto se advierte que la lista de los usuarios bloqueados de Facebook solo versa sobre el nombre que han consignado en esta red social, desprendiéndose de ello que, no se pone en peligro la intimidad personal de dichos usuarios, es decir, no se aprecia una intromisión real e ilegitima en su vida intima o familiar.

Respecto al segundo punto, teniendo en cuenta lo citado en el quinto considerando, la información brindada debe ser precisa, completa y correcta, situación que no se ha configurado en el presente caso pues el demandante está solicitando el nombre completo del administrador de la página de Facebook, sin embargo al dar respuesta solo se indica que el responsable es la Subgerencia de Prensa y Comunicaciones de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Publicas, siendo ello así, al no señalarse el nombre completo del o los funcionarios responsables, no se ha brindado una respuesta precisa.

Cabe precisar que según el artículo 15°-B de la Ley N° 27927 - Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública, existen supuestos en los que la información se considera de carácter confidencial, sin embargo, no es el caso del presente proceso de Habeas Data puesto que versa sobre los nombres de usuarios de Facebook y el nombre completo del funcionario responsable de administrar la red social. En consecuencia la información requerida por el actor, no afecta intimidad personal alguna ni está excluida por razones de seguridad nacional; por tanto, la demandada se encontró en la obligación de brindar al demandante la información requerida, tanto más que, ha quedado acreditado que el demandante cumplió con el requisito especial para la procedencia de las demandas de hábeas data previsto en el artículo 62º del Código Procesal Constitucional.

OCTAVO: Costos: El Estado sólo puede ser condenado al pago de costos en atención al artículo 56° del Código Procesal Constitucional. Por tales consideraciones, e impartiendo Justicia a Nombre de la Nación:

FALLO:


DECLARANDO FUNDADA la demanda PROCESO DE HABEAS DATA de fojas 17 a 28, interpuesta por JOSE WILFREDO ARRIETA CARO contra la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y BLANCA ISABEL SANCHEZ VILLAMIL, en consecuencia: ORDENO que la parte demandada, mediante la dependencia encargada, cumpla con proporcionar al demandante la información precisada en el petitorio; con costos.-

[1] Abad Yupanqui, Samuel B.: “Derecho Procesal Constitucional”, editorial Gaceta Jurídica S.A., primera edición, Noviembre 2004, p.144.

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