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03850-2013-PHD/TC

Sentencia del Tribunal Constitucional



Resumen

El demandante interpone hábeas data contra la Corte Superior de Justicia de Lambayeque solicitando copias simples de un expediente judicial, señalando que se le pretende cobrar la tasa del trámite de "expedición de copias", distinta y más elevada a la del procedimiento de acceso a la información pública. En primera y segunda instancia se rechaza liminarmente la demanda. El Tribunal Constitucional, al considerar que es válido cuestionar el procedimiento mediante el cual las entidades direccionan los pedidos de acceso a la información a través del hábeas data, declara la nulidad de lo actuado y ordena admitir a trámite la demanda.
Ficha Técnica
  • Corte de origen: 
  • Corte de Lambayeque
  • Demandado: 
  • Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
  • Gerente de la Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

  • Fecha de la sentencia: 
  • 14/08/2014
  • Magistrados: 
  • Ernesto Blume Fortini
  • Carlos Ramos Núñez
  • Marianella Ledesma Narváez
  • Fuente oficial: 
  • Sentido de la sentencia: 
  • Nulo
  • Normas aplicadas: 
  • Sentencias Relacionadas del Tribunal Constitucional del Perú: 
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    Expediente

    EXP N.° 03850-2013-PHD/TC 
    LAMBAYEQUE 
    ERNESTO MENDOZA PADILLA 

    AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


    Lima, 14 de agosto del 2014 

    VISTO 


    El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ernesto Mendoza Padilla contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 45, su fecha 12 de junio de 2013, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

    ATENDIENDO A 


    1. Que con fecha 10 de diciembre de 2012, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el Gerente de la Administración Distrital de dicha Corte Superior, solicitando la entrega de copias simples desde el folio 750 hasta el final del expediente judicial Nro. 582-2000, sobre nulidad de título seguido por Abel Campos Vásquez contra un funcionario público del Ministerio de Agricultura y otros. Manifiesta haber requerido la referida información ante los emplazados; sin embargo, mediante la Carta Nro. 12-00077-GAD-CSJLA/PJ, notificada el 3 de octubre de 2012, se le negó su entrega aludiendo que su pedido no se encuentra regulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que, por lo tanto, debía pagar el costo de las copias de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Nro. 18 del TUPA del Poder Judicial, sin tener en cuenta que su pedido se ajusta al procedimiento Nro. 34 del referido TUPA. 

    2. Que el Sexto Juzgado Civil de Chiclayo con fecha 20 de febrero de 2013, declaró improcedente la demanda por estimar que el hecho que un proceso judicial se encuentre concluido, no implica que todos los actuados de dicho proceso se encuentren a disposición de cualquier persona, sino que debe evaluarse si determinada información se encuentra exceptuada de ser entregada, siendo que, en el caso del recurrente, no se le viene negando la información solicitada, sino que se le viene requiriendo el pago del derecho de tramitación (expedición de copias) que se encuentra regulado en el TUPA del Poder Judicial, más aun cuando el demandante no ha acreditado fehacientemente ser apoderado legal del proceso judicial del cual requiere copias simples. 

    3. Que a su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por estimar que el recurrente pretende cuestionar el procedimiento a seguir para acceder a la información que viene requiriendo, situación para la cual el proceso de hábeas data no se encuentra previsto. 

    4. Que la Constitución Política del Perú establece en su artículo 2, inciso 5, que toda persona tiene derecho: "[a] solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido [..j". De ello se desprende que la exigencia referida al costo del pedido se manifiesta como un elemento de configuración directa, perteneciente al contenido constitucionalmente relevante de dicho derecho. 

    5. Que por consiguiente la discusión acerca de lo desproporcionado o excesivo que pueda resultar el cobro de la información solicitada no puede considerarse un asunto de contenido meramente legal, sino de incidencia constitucional evidente que, como tal, exige del juzgador constitucional un análisis sobre el fondo de la controversia planteada, situación que en reiterada jurisprudencia este Colegiado ha establecido (Cfr. RTC N.° 4468-2006-PHD/TC, STC N.° 1912-2007-PHD/TC, STC N.° 9152006-PHD/TC, entre otras) 

    6. Que en el presente caso, si bien las instancias precedentes consideran que lo que el recurrente pretende es cuestionar el procedimiento mediante el cual los emplazados han direccionado su pedido de información, dicha situación, a consideración de este Tribunal, sí se identifica prima facie como un supuesto de renuencia dado que el referido procedimiento establece un costo superior al procedimiento que fue invocado por el actor en su pedido de fecha cierta, lo cual podría resultar desproporcionado. Del mismo modo, ello plantea exigencias adicionales en torno al acceso a dicha información. Estos aspectos requieren de un análisis de fondo, a efectos de verificar si la respuesta obtenida resulta adecuada con el derecho de acceso a la información pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los criterios que este Colegiado ha establecido en el fundamento 9 de la STC 3062-2009-PHD/TC. 

    7. Que, en tal sentido, habiéndose producido un indebido rechazo liminar de la demanda interpuesta, este Tribunal considera que se ha incurrido en un quebrantamiento de forma que incide directamente sobre el resultado del presente proceso. Bajo tales circunstancias, en aplicación estricta del artículo 20° del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera pertinente decretar la nulidad de los actuados y disponer la admisión a trámite de la demanda interpuesta, por lo que el juzgador proceder a admitir a trámite la demanda y resolverla conforme a los parámetros contenidos en este auto. 

    Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, 

    RESUELVE 


    Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 11 y en consecuencia, se ordena al Sexto Juzgado Civil de Chiclayo que proceda a admitir a trámite la demanda y resolverla dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional, bajo apercibimiento de generar la responsabilidad  por tramitación tardía prevista en el artículo 13° del Código mencionado. 

    Publíquese y notifíquese.

    SS. 

    BLUME FORTINI
    RAMOS NUÑEZ
    LEDESMA NARVÁEZ 

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